Desde el zamorismo, distintos referentes expresaron su rechazo a la privatización de Aysa. Sin embargo, los déficits históricos y los resultados de la gestión anterior ponen en duda la viabilidad de lograr un servicio de calidad para todos en manos del Estado.
En la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque oficialista expresaro su preocupación por la privatización de Aysa(Aguas y Saneamiento S.A.), alegando razones de salud pública. Es más, en su momento, el propio Julio Zamora, se opuso a la misma, arguyendo que “proponer la absolutización del mercado sobre todos los ámbitos de la sociedad siempre produjo y va seguir produciendo asimetrías perjudiciales para los ciudadanos”.
No obstante, desde su reestatización en 2006, los datos en lo que se refiere a extensión y calidad del servicio no ha mejorado sustantivamente.
Efectivamente, según los datos más recientes del Ministerio de Economía de la Nación, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, los costos operativos aumentaron en un 80%, y las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%. Además, desde 2006, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones, poniendo en evidencia el déficit financiero que está padece y el gran costo operativo que al final termina impactando en el bolsillo de todos los argentinos.
Yendo a Tigre, en su momento, Malena Galmarini, presidente de Aysa de entre 2019 y 2023, había prometido un 100% de cobertura cloacal para todo el distrito. Sin embargo, para mediados 2023, todavía en algunas zonas se estaba muy lejos de ese número, siendo llamativo el caso de Rincón de Milberg, con apenas 45% de cobertura, General Pacheco con 60% y Ricardo Rojas 60%. A pesar de los números, la presidenta alegó que se encontraban realizando obras y expansiones que para 2024 estarían terminadas.
Ahora, si miramos la documentación oficial, esta muestra que durante 2024 todavía se estaban ejecutando numerosas obras destinadas a extender la red cloacal sin terminar. En octubre de 2024, por ejemplo, la red secundaria cloacal de los barrios Brown Norte, Brown Sur y Los Remeros, en Troncos del Talar, tenía apenas un 24,82% de avance y estaba destinada a beneficiar a 7.966 habitantes mediante 6.163 nuevas conexiones. Es decir, la promesa de la expresidenta de Aysa estaba muy lejos de cumplirse.
Más allá de todo lo dicho, si observamos la situación financiera de Aysa, a pesar de ser la más deficitaria con −382.859 mill de pesos en 2023, se puede observar que esto no es un problema exclusivo de la gestión de Malena, ya que, según un estudio de la Universidad Nacional del Litoral de 2018, que la empresa reporta déficit corriente desde 2008. Y esto es un problema grave, ya que ocasiona que muchos usuarios terminen pagando doblemente el mismo servicio, o peor, que algunos usuarios paguen a través de sus impuestos por un servicio que ni siquiera reciben, dado que la cobertura no alcanzó a todos.
Entonces, considerando todo lo dicho, ¿qué sentido tiene defender una empresa deficitaria que no termina las obras a tiempo y que es costeada por el bolsillo de todos los Argentinos? Porque no parece haber evidencia que demuestre que la estatización de Aysa haya dado buenos resultados, más bien, todo lo contrario. De todas maneras, es difícil pensar que la privatización por sí sola vaya a solucionar todos los problemas en términos de cobertura y eficiencia, pero, sin duda, le quitará un peso al bolsillo de todos los Argentinos.
