El Vaticano confirmó la culpabilidad de Damián Rodríguez Alcobendas, ex párroco de la parroquia Sagrada Familia de Nordelta en el partido de Tigre, por abuso sexual contra un menor. Esta decisión se consolidó luego de que el máximo órgano de revisión de la Santa Sede para delitos graves rechazara la apelación interpuesta por el sacerdote.
La resolución fue emitida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo vaticano encargado de los procesos canónicos relacionados con delitos del clero. Esto ratificó la condena impuesta previamente en primera instancia dentro del ámbito eclesiástico.
Rodríguez Alcobendas fue declarado responsable de un delito grave contra el sexto mandamiento, perpetrado contra un menor. En virtud de ello, se aplicaron diversas sanciones conforme al derecho canónico.
Las medidas impuestas incluyen la prohibición perpetua de ejercer cualquier oficio eclesiástico o función de gobierno, la inhabilitación para desempeñarse en instituciones educativas o pastorales, y la prohibición absoluta de mantener contacto con menores de edad. Adicionalmente, se dispuso la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal por un período específico.
El incumplimiento de estas disposiciones podría resultar en la dimisión del estado clerical, lo que significa la expulsión definitiva del sacerdocio.
El sacerdote fue retirado de la parroquia Sagrada Familia de Nordelta al hacerse pública la denuncia y mientras progresaba la investigación eclesiástica. Durante ese tiempo, se le asignaron otras funciones que no implicaban contacto pastoral directo.
El proceso canónico se llevó a cabo de forma independiente de la justicia civil. En el ámbito judicial ordinario, la causa no avanzó, dado que los hechos reportados habrían ocurrido décadas antes y fueron considerados prescriptos.
Rodríguez Alcobendas había alcanzado notoriedad pública durante la pandemia, tras llevar a cabo celebraciones y bendiciones en barrios cerrados de la zona norte, lo cual tuvo una significativa repercusión mediática.
Luego de la confirmación de la condena, el Obispado de San Isidro emitió un comunicado. Este documento abordó la situación de la persona denunciante, hizo referencia al daño causado y delineó las acciones de la institución en cuanto a la prevención y el manejo de situaciones de abuso dentro del ámbito eclesiástico.
La decisión vaticana concluye el proceso canónico, dejando firme la sanción contra el ex párroco de Nordelta. Este caso ha tenido un impacto considerable en la comunidad religiosa de Tigre y en la zona norte del conurbano bonaerense.
